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El fin no justifica los medios: subastas andaluzas de medicamentos

ACTUALIDAD DEL GENÉRICO

Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda - Director General de AESEG

La Ley General de Sanidad establece la equidad como principio general del Sistema Nacional de Salud (SNS), entendiendo ésta como la garantía de que la asistencia sanitaria pública se debe extender a toda la población y que el acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva.

Es necesario un marco jurídico estable para garantizar la igualdad de oportunidades.

Es necesario un marco jurídico estable para garantizar la igualdad de oportunidades.

El sistema de subasta de medicamentos implantado por la Junta de Andalucía en 2012 pone en peligro esta unidad del mercado, al anular el derecho de los ciudadanos andaluces a acceder a los medicamentos y productos sanitarios en las mismas condiciones que otros ciudadanos españoles. Desde la primera hasta la última -y van siete-, ha existido riesgo y constatación de desabastecimiento de fármacos. Algunos laboratorios adjudicatarios han sido incapaces de proveer a las farmacias de manera sostenible. Más de la mitad de las ventas de las referencias subastadas en abril procedieron de compañías farmacéuticas que no participaban en el sistema de subastas.

El desabastecimiento obliga a sustituir los medicamentos adjudicatarios por otros, generando confusión en los pacientes y dificultando la adherencia al tratamiento, con el derivado impacto en la salud de los ciudadanos y el consiguiente coste extra para el sistema sanitario.

Los datos también echan por tierra el principal argumento esgrimido por la Junta de Andalucía para implantar este sistema: el ahorro en gasto farmacéutico. Para el año 2012 se preveía llegar a los 40 millones de euros. La cifra final fue de 9,3 millones y las subastas posteriores reflejan unos resultados similares.

“El ahorro logrado hasta ahora está lejos de los objetivos iniciales de la administración andaluza”

Afectación negativa al PIB

Por otro lado, la subasta andaluza de medicamentos está alentando una profunda transformación del sector industrial de genéricos que, irremediablemente, repercutirá en el Producto Interior Bruto (PIB). Se estima una caída de la productividad del sector de un 15% y un descenso de su inversión en I+D de más de 20 millones de euros.

Se está limitando el desarrollo de una industria en crecimiento comprometida con el PIB. Siete de cada 10 medicamentos genéricos consumidos en España son producidos dentro de nuestras fronteras; un 3,5% de su facturación se invierte en I+D; y genera más de 8.000 empleos directos y 26.000 indirectos. Una situación que no encuentra contrapartida en las compañías adjudicatarias de las subastas. La mayor parte de los laboratorios seleccionados son exclusivamente comercializadores, con una mínima cuota de participación y contribución al tejido industrial español y al PIB.

Todo ello sin olvidar que este sistema invade la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y va en contra de tres directivas del Parlamento Europeo, vinculantes para los Estados miembros, sobre contratación pública en cuanto a competitividad, transparencia y cumplimiento de los contratos firmados.

Las medidas de racionalización del gasto público sanitario son siempre bienvenidas en tanto que permiten reorientar los recursos. Más aún en situación de crisis económica y de limitación presupuestaria. Pero no todo vale. Menos, si lo que está en juego es el libre acceso de los ciudadanos a los medicamentos. En este caso, el fin no justifica los medios ni puede legitimar cualquier tipo de media.

Se necesita un marco jurídico estable y predecible que garantice la libre concurrencia e igualdad de oportunidades a todas las compañías farmacéuticas. Está en juego el mantenimiento de uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo.

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