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Un discurso fácil

“Si se recortan los derechos de la ciudadanía a una atención sanitaria pública, completa y de calidad, nuestra generación será la responsable de dilapidar uno de los pilares del estado de bienestar”

Estos últimos meses, estamos presenciando cómo se suceden los debates sobre la sostenibilidad de la sanidad pública. Parece que la crisis económica que vivimos está poniendo en jaque a uno de los principales pilares del estado de bienestar… ¿Seguirías leyendo? ¿Estás pensando que es más de lo mismo? ¿Estamos empezando a estar agotados de este asunto? Espero no aburrirte. Quizás la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿de qué estamos hablando? ¿Alguien lo sabe? Me encantaría que, quien tenga todos los datos, me los contara.

Porque, para empezar, no sabemos a cuánto asciende la deuda, cuáles han sido las causas de su crecimiento, por qué los gobiernos autonómicos no han tomado antes las suficientes medidas de contención estructurales para frenar su aumento y… la pregunta del millón: ¿no hay dinero suficiente en las arcas públicas en general o no hay dinero suficiente para la sanidad?

Hasta dónde yo sé, las que deciden dónde y cómo gastan su presupuesto son las propias autonomías. En Sanidad, salvo en la fijación de precios y financiación de fármacos y en la Cartera de Servicios Común del Sistema Nacional de Salud (cartera que ya existe y que fue acordada por todas las Comunidades Autónomas con el Ministerio), las decisiones sobre el presupuesto sanitario son de los gobiernos autonómicos.

Son las Comunidades Autónomas las que deciden si gastan en carreteras, en infraestructuras, en seguridad, en promoción de su marca… o en sanidad. Son las Comunidades Autónomas las que deciden qué prestaciones sanitarias ofrecen además de las incluidas en la Cartera Común de Servicios del SNS, si en su territorio se financian determinadas cirugías, si se incluye una vacuna más en el calendario, que se construyan hospitales más o menos necesarios, que se gestione con modelos mixtos público-privado…

Entonces, ¿por qué no han sido capaces de adaptarse al marco presupuestario establecido? No tengo respuesta. Y este debate sorprende aún más sabiendo que los servicios de salud son un motor constante de búsqueda de la eficiencia.

¿La solución? La desconozco, pero espero no equivocarme si digo que la solución pasa por poner todos los datos encima de la mesa, por analizar en profundidad los actuales procesos de atención al paciente, de diagnóstico, de seguimiento, la educación en salud, la explotación de los centros sanitarios, el coste-efectividad de fármacos, técnicas y tecnología previo a su implantación. Un sinfín de elementos que forman la red sanitaria y que, de vez en cuando, hay que revisar para saber si son los mejores o hay que cambiarlos por otros más eficientes.

Esto es lo difícil, lo fácil es lo que puede venir con los nuevos gobiernos de las Comunidades Autónomas: no hay dinero, tenemos que recortar. Y el camino de en medio: que la ciudadanía aporte más dinero para pagar la sanidad, el REpago. No nos olvidemos de que la sanidad no es gratis, como parece establecido: la pagamos a través de impuestos. Tenemos un aperitivo con el caso de Catalunya.

Si esto ocurre, y se recortan los derechos de la ciudadanía a una atención sanitaria pública completa y de calidad, nuestra generación será la responsable de dilapidar uno de los pilares del estado de bienestar. Y no digo que el nuestro sea el mejor sistema del mundo, pero, en mi opinión, el concepto que lo vertebra es un gran ejemplo de lo que significa la palabra democracia: nos iguala a todos ante la enfermedad, todos recibimos el mismo trato y tenemos derecho a los mismos servicios y cuidados.

Esto es algo que no debemos olvidar. Y menos en estos tiempos dónde todo el mundo opina sobre un asunto que tiene muchísimas aristas y que muy poca gente conoce con la suficiente profundidad.

Lo más fácil es decir que no hay dinero para mantener la sanidad pública. Quizás lo que falte sea voluntad.

Maite Perea    
Directora de Comunicación  FEDIFAR

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