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Subastas e inequidad

OPINIÓN

Antonio Bernal Presidente de la Alianza General de Pacientes (AGP) en Twitter: @AGPacientesHan pasado cuatro años desde la puesta en marcha de las subastas en Andalucía y ya podemos decir sin lugar a dudas que lo que han generado ha sido inequidad y pérdida de la calidad asistencial. La medida ha colocado a los andaluces en una situación de desventaja con respecto al resto de los pacientes del país. Por esta razón, desde la Alianza General de Pacientes (AGP) pusimos en marcha un grupo de trabajo al respecto con pacientes, especialistas y juristas que se complementó con una encuesta a profesionales sanitarios.

Subastas e inequidadLa conclusión de ambos ponía de manifiesto que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha dado prioridad, a la hora de poner en marcha esta medida, a criterios economicistas por encima de los puramente asistenciales. Y es que, con las subastas, pacientes que estaban bien controlados han pasado a una situación de descontrol clínico tras producirse cambios en los medicamentos que se les dispensan en la oficina de farmacia, con el riesgo que esto implica para su salud y el coste asociado que conlleva para el sistema sanitario. 

“La AGP puso en marcha un grupo de trabajo con pacientes, especialistas y juristas para ver los problemas que esta medida estaba ocasionando” 

Este problema de adherencia se agrava por el desabastecimiento que han provocado los laboratorios adjudicatarios de las subastas. Gracias a la labor que se realiza desde las farmacias, se ha conseguido ofrecer alternativas a los pacientes, pero los cambios continuados en la medicación han derivado en la desconfianza de los pacientes hacia los fármacos prescritos. En este sentido, el informe hace alusión a un grupo de pacientes especialmente perjudicado por la implantación de esta medida: los ancianos polimedicados que reconocen su medicamento por aspectos como el color o la forma del comprimido, lo que da lugar, en muchas ocasiones, a errores de administración e incluso a duplicidades.

La Consejería habla de unos ahorros que los pacientes no ven que reviertan en su salud y que, en el mejor de los casos, llegan al 20 por ciento de lo estimado.

La desconfianza también se hace visible en los propios profesionales. Por un lado, los farmacéuticos denuncian una pérdida de su capacidad de gestión, que podría terminar por impactar negativamente en su negocio. Por otro, los médicos lamentan las presiones que vienen sufriendo desde las gerencias y las unidades de gestión clínica para el seguimiento de los criterios marcados por las subastas, a pesar de las quejas y preocupaciones expresadas por sus pacientes en la consulta.

Las conclusiones de los expertos inciden en que las Comunidades Autónomas no tienen potestad para recortar la cartera de servicios y productos sanitarios, y la evaluación y aprobación de medicamentos es competencia exclusiva de las agencias de medicamentos europea y española. La inclusión o exclusión de la prestación farmacéutica pública es competencia exclusiva de las autoridades nacionales. Así, en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud se especifica que el acceso a las prestaciones sanitarias tiene que garantizarse con independencia del territorio.

El cambio de gobierno en la Junta de Andalucía, que obliga al PSOE a buscar el apoyo de otras fuerzas políticas, podría hacer que se flexibilizaran las posturas. El propio consejero de salud afirma que están abiertos a las mejoras que se puedan aportar por parte de otros grupos. Sin embargo, en la práctica, no se ven aún resultados. Si no es por la vía del diálogo y la negociación, la solución podría venir por la judicial. Aún está pendiente, tras cuatro años, que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la idoneidad de esta fórmula dentro del marco legislativo nacional. Esperemos que, sea como fuere, esta medida tenga los días contados y que haya la suficiente responsabilidad política como para que no se extienda, de ninguna de las maneras, por el territorio nacional.

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